Descentralización y Ordenamiento Territorial
Dr. Isaías Chang Urriola
Desde la
aprobación de la Ley 41 de 1999, Ley General del Ambiente, pasando por la Ley
37 de 2009, que descentraliza la administración pública y la Ley 6 de 2006, se
le asignó al municipio las competencias de ordenar el desarrollo de su
territorio. Este proceso de transferencia de atribuciones al gobierno local
tiene 18 años de haberse iniciado.
En el año
2002, solo el 2% del gasto público total era ejecutado por los municipios, con
pocos espacios para la participación ciudadana, así lo indicaba el Informe
Nacional de Desarrollo Humano de 2002.
El mismo documento es señalada la necesidad de poner en práctica un
nuevo paradigma gerencial del Estado. Haciendo clara referencia a la
descentralización y el consecuente traspaso de competencias al gobierno más
cercano al ciudadano, el gobierno local. Con las reformas constitucionales de 2004, se
incorpora el Artículo 233, que le otorga un mandato a la municipalidad para
ejercer competencias en la prestación de servicios públicos y en ordenar el
desarrollo de su territorio.
En el
2015 se aprueba la Ley 66, de descentralización y la Ley 14 de 2015 que
reafirman competencias a los gobiernos locales, pero esta vez con recursos para
iniciar un proceso de descentralización.
El proceso de
asumir competencias para ordenar el territorio se ha venido ejecutando de
forma sistemática y gradual en países de Sur América. En Panamá, la competencia de ordenar el territorio
es una atribución de muy reciente data y supeditada al cumplimiento de
prerrequisitos de organización institucional, que, debido a la heterogeneidad
de los gobiernos locales, el cumplimiento de estos no es tan fácil como parece.
Si bien
la constitución le otorgó al municipio la potestad de ordenar el desarrollo de
su territorio, no es menos cierto que las normas y reglamentaciones que fueron
aprobadas antes del 2014, a nuestro criterio no fortalecieron las capacidades
de las municipalidades para cumplir con esta atribución. Se
comprende que ordenar el desarrollo de su territorio implica desde un punto de
vista técnico: El Ordenamiento
Territorial en sus componentes urbanos-rurales, el urbanismo y la gestión del
desarrollo de su territorio. La constitución le otorgó esa competencia al
municipio. ¿Pero qué es esa cosa llamada ordenamiento territorial? Pues bien, definiciones hay muchas, les
propongo ésta: Poner cada cosa en su
lugar y cada lugar para una cosa. Demasiado simple, pero en el fondo
toca lo real. Pero otra nos dice, que es
la forma que nos permite acordar el uso y ocupación del territorio. Una acepción más más amplia es: La
Ordenación del Territorio[1] es
la proyección en el espacio de las políticas social, ambiental, cultural y
económica de una sociedad, cuyas estrategias implican usos y aprovechamientos
del suelo (Gómez Orea, 1994). La ley 06 de 2006, define que es un plan
distrital, un plan parcial y esquema de ordenamiento territorial. Sin embargo, no define lo que es
ordenamiento territorial, en su concepción más pura. Que, bajo un
contexto territorial, se tiene que considerar que el territorio es
multidimensional, complejo y dinámico.
Donde confluyen protagonistas clave que realizan actividades económicas
y usan el suelo para fines diversos. Esa confluencia de protagonistas y de usos
diversos, desde luego que genera conflictos, mismos que deben ser atendidos
desde una perspectiva proactiva y sostenible, es decir planificando el
territorio. En ese sentido, nos
formulamos una segunda interrogante, ¿A
quién corresponde planificar el territorio?.
Comprendamos que el Ordenamiento Territorial es una atribución del Estado,
que tiene que concitar la participación en insoslayable atención al mandato de
la Ley. Y, que su propósito es el de hacer el mejor
uso del suelo para el bien general del colectivo social. Debe responder a la
política y al modelo económico del país.
La expresión final del Ordenamiento Territorial es el plan, que implica
la clasificación del suelo, es decir categorizar el suelo en cuánto a usos
distintos usos y calificarlo o evaluarlo para asignar su uso específico. Pero
no finaliza con esto, sino que empieza un proceso de construcción del modelo
territorial consensuado, la ejecución de proyectos estratégicos y su
evaluación-seguimiento. Siendo el Ordenamiento Territorial un potente
instrumento para determinar que se hace y dónde, de esto se deriva que su
administración es vital para gobernar el patrimonio básico del gobierno local
que es su territorio. Es una herramienta
estratégica, táctica y normativa robusta que da paso a la valiosa oportunidad
de propiciar la construcción de la ciudad y el territorio al que se aspira.
Ésta
pregunta le abre paso a la siguiente cuestión, ¿Qué se requiere para que el Ordenamiento Territorial avance? Pues bien, empiezo recordando que hacen
15 años escribí un artículo en el que planteaba que el Ordenamiento Territorial
descansa en la Descentralización. Pero me equivoqué en algo, el Ordenamiento Territorial tardó 15 años
esperando a la Descentralización, pese a los esfuerzos realizados en distintas administraciones. Digo esto porque muchos
planes se formularon, pero sin gobiernos locales preparados para asumir esa
competencia. Mientras, las entidades de
gobierno central asumían por defecto las competencias del gobierno local. Ante ese círculo vicioso, transcurrieron 15
años y más si ponemos cronómetro a partir del año 1990. Así entramos a darle una mirada a la
Descentralización. En la comprensión que
la Descentralización es un proceso mediante el cual es Estado transfiere
responsabilidades administrativas, políticas y financieras a los niveles
subnacionales de gobierno… (PNUD, 2007).
Se constituye en un modelo de gestión del desarrollo, con el objetivo de
atender más de cerca al ciudadano. Con
la aprobación de la Ley 66 de 2015, se inicia un proceso de descentralización.
Por un lado, se trasladan y ratifican competencias a los gobiernos locales y
por el otro se les otorgan recursos para que puedan organizarse y cumplir con
las tareas que la Ley les demanda.
Para que
el gobierno local, asuma la competencia del ordenamiento territorial, se
requiere que en su estructura orgánica creen dos entidades. Por una parte, la unidad de Planificación
Municipal y por la otra la Junta de Planificación Municipal. Cumplidos estos dos componentes en la
organización municipal, el gobierno municipal entra a ejercer pleno derecho de
ordenar el desarrollo de su territorio, tal cual lo manda el artículo 233 de la
constitución de la República. Cabe
advertir que el municipio de Panamá ha cumplido con la creación de éstas dos
instancias.
Llegando
a este punto, se observa la relación entre la descentralización y el
ordenamiento territorial. La descentralización es el resultado de la voluntad
política expresada en una norma que le otorga competencias y recursos al
municipio. El Ordenamiento Territorial es el instrumento de intervención
técnico-participativo que encausa el proceso descentralista. Y, que propicia que el gobierno local
administre el suelo, desde unas políticas formuladas para acercar el deber ser,
es decir concitar el bien general, en el escenario inteligente. La
administración del territorio en un sentido amplio es determinante para
institucionalizar el proceso descentralista, porque empodera al gobierno local
de su espacio vital. En un sentido más
estricto, el gobierno local clasifica y califica el suelo, sobre la base de un
conocimiento del territorio. Así, asigna
los usos de suelo y modifica su propia propuesta de ordenamiento territorial.
Crea una discusión, bien entendida de aquellas cuestiones que provocan ruido
entre la iniciativa privada y los ciudadanos, a fin de armonizar el uso y
ocupación del territorio. Les asigna costos presupuestarios a los proyectos que
el territorio urbano y rural demandan, para construir el futuro compartido. Hace una lectura de las necesidades de los
servicios básicos, antes de proceder con iniciativas que analizan la oferta de
éstos y desatienden la demanda agregada. Sin embargo, merece la pena reforzar
la existencia de una relación casi simbiótica entre la Descentralización y el
Ordenamiento Territorial. Mientras la
descentralización es un modelo de administración pública, el Ordenamiento es la
herramienta técnica-legal que viabiliza el aprehender el territorio municipal,
administrarlo y gestionarlo. Siendo el territorio un activo clave para el
desarrollo local, esta relación desata las energías acumuladas que todo espacio
diferenciado tiene por naturaleza.
Desinhibe, la participación, porque su construcción es por naturaleza
participativa. Construye ciudad, bajo propósitos advertidos y transparentes, enrumbada
por los datos, la información, la geoinformación, la consulta, la discusión y
la confrontación constructiva de argumentos.
Desde luego, como el ordenamiento territorial es un instrumento cuyo
aparato teórico sigue en obras y donde no hay recetas, máxime cuando una de las
variables a investigar son las manifestaciones sociales, es de esperar que los
resultados tengan algún margen de error, como todo lo que producen los seres
humanos.
Antes
mencioné, que el Ordenamiento Territorial es una herramienta para gestionar el
territorio. Pues bien, una de las
cuestiones clave para transitar de la entelequia a la realidad en lo que a este
instrumento se refiere, es construir un modelo de gestión. Formular un Plan, es un esfuerzo importante,
pero su aprobación, solo marca el fin del principio. El Plan va más allá de un ejercicio de
zonificación, los proyectos, los instrumentos económicos y la edificabilidad
que atienda al reparto de cargas y beneficios, son los que determinan el
principio del Plan. Así el Plan, se
escapa de la inmutabilidad, para convertirse en el concitador de cuestiones que
rebasan la zonificación o lo cambios de usos de suelo. Gestionar el Plan, es poner al gobierno local
en relieve, frente a la innovación urbana, la movilidad, la generación de
espacios públicos, la orientación del crecimiento urbano y un complejo entramado
de asuntos urbanos y rururbanos. Y, de esta
forma asumir un rol de primera línea en las cuestiones del desarrollo
territorial, urbano y socioterritorial. Desde luego, el cumplimiento de la
disciplina urbanística, que es el hacer lo normado en el plan, es vital. La
disciplina en la aplicación del plan, es la puesta en práctica de las
normativas de forma taxativa.
La
relación Descentralización y Ordenamiento Territorial, es tan vinculante, que
la primera sería un ejercicio inacabado sin la puesta en marcha de un programa
de ordenamiento territorial y la segunda no tiene razón de ser sin la
descentralización. La dependencia es más
acentuada cuando referenciamos a los dos en el terreno de lo local. La
descentralización como modelo de gerenciamiento de lo local, está diseñada para
atender los temas más cercanos a los ciudadanos, el ordenamiento territorial
orienta y optimiza las intervenciones.
[1] En España se denomina Ordenación del Territorio, mientras
que en países de América Latina se utiliza Ordenamiento Territorial.
Los matemáticos señalan que el hexágono es una figura perfecta. Su forma permite construir estructuras sobre las que se desarrollan complejas asociaciones. La descentralización y el ordenamiento territorial son figuras político-técnicas que al igual que el hexágono son la base para el diseño de estructuras socioterritoriales que suavizan los desequilibrios socioeconómicos. Y activan un desarrollo territorial más generoso y justo.
ResponderEliminarEn un país como Panamá, históricamente hipertrofiado, con centros y periferias excluyentes, se justifica sobradamente institucionalizar la planificación para el desarrollo y creación de oportunidades para todos.
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